Los problemas estructurales de la educación en España
No son pocos los problemas que aquejan a la educación en nuestro país. Así, en el marco de la educación superior, a las recurrentes referencias al modelo de financiación de nuestras universidades, a la necesidad de incrementar su apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, o al siempre controvertido asunto del desarrollo profesional del cuerpo docente, se suma la excesiva diversidad de sistemas educativos existentes a nivel de comunidades autónomas. Esto último, lejos de enriquecer al conjunto del sistema, le hace adolecer de un mínimo de uniformidad capaz de marcar un rumbo común que aúne esfuerzos y le dote de armonización estructural.
Este último aspecto se hace especialmente patente en la etapa escolar, en donde la diversidad de contenidos curriculares en materias como la historia, con interpretaciones variopintas, cuando no segadas y politizadas, de nuestro pasado común, está sirviendo de base para la confusión, la incomprensión y la desunión entre españoles.
Otra cuestión que afecta tanto a la educación escolar como a la superior, es la excesiva politización de la educación, con frecuencia sometida a los vaivenes de los intereses partidistas y utilizada de forma cortoplacista, sin una visión estratégica y de conjunto que responda de forma inequívoca a las demandas de nuestra sociedad.
Consecuencia de esto último, es la falta de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas que otorguen estabilidad, competitividad y garantía de futuro al sistema educativo. Ello es especialmente evidente en la enseñanza escolar, carente del tantas veces anunciado, como fallido, pacto de estado. Un acuerdo necesario y urgente que siente las bases de la modernización del sistema, y acometa de forma decidida los males endémicos de nuestra educación, tales como el del abandono escolar temprano, con una tasa del 18,3% frente al 10,6% de la media de la UE. Un pacto que, al mismo tiempo, propicie la igualdad real de oportunidades, no de resultados, en el acceso a la educación, y garantice tanto la libertad de creación de centros educativos, públicos o privados, como la libertad de elección de los padres.
Es preciso igualmente hacer referencia a otros aspectos relevantes como la falta de los recursos necesarios para situarnos a la altura de los niveles europeos en porcentaje de gastos público en educación (del 4,15% sobre el PIB en España, frente al 5,11 de la media de la UE, el 6,8% de Finlandia, o el 7,1% de Suecia), o la necesidad de compatibilizar la formación en competencias STEM (ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas), de orden técnico, con conocimientos generalistas en humanidades y ciencias sociales, imprescindibles para formar a personas con sentido crítico.
Finalmente, quisiera constatar el camino que aún nos queda por recorrer en la conexión entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo. Para ello, resultará clave incrementar la apuesta por la Formación Profesional Dual, siguiendo el modelo alemán y, en clave nacional, por el sistema vasco, sin duda el más avanzado y el de mayor prestigio de nuestro país.
Mucho deberán cambiar las cosas para que se den las circunstancias que permitan acometer las reformas que nuestra educación precisa con urgencia. Nos jugamos mucho en ello.
